Se trata de una medida opcional para PYMES y autónomos pero que en caso de acogerse a ella, deberá emplearse siempre tanto para el sector privado como con las Administraciones Públicas. Como único requisito se establecerá una facturación máxima de 2 millones de euros anuales. También se incluirán incentivos fiscales a la I+D+I. (Más información)